Por fin van aclarándose los perfiles de la famosa iniciativa gubernamental de los ordenadores para niños y niñas de Primaria, sobre la que traté el pasado 26 de abril. La noticia que hoy publica El País (y que veo confirmada, mientras escribo estas líneas, por el discurso del presidente Rodríguez Zapatero en el debate parlamentario sobre el estado de la nación) perfila muchos de los detalles más relevantes de esta iniciativa.

No quiero ser catastrofista, pero lo que hasta hoy conocemos del proyecto, lejos de aclarar las dudas que en su momento planteamos muchos docentes (véase, por ejemplo, la recopilación de reacciones compilada por Charo Fernández en Aulablog), las adensa todavía más, hasta un punto en el que resulta difícil apreciar algún valor positivo en aquél. El propio rotativo madrileño plantea unos cuantos problemas, algunos de los cuales –pero no todos, ni quizá los más arduos- coinciden con mis puntos de vista, que intentaré exponer a continuación.

1. La cifra de 50 euros para cada portátil (o para cada familia, no sé si está muy claro el concepto) es ridícula si se trata de sufragar el gasto de este equipamiento, pues dicha cantidad equivale, aproximadamente, a 1/8 del precio comercial de un ultraportátil, o a 1/12 de un portátil de una marca prestigiosa. Aunque los precios finales puedan reducirse mediante la adquisición de grandes partidas de equipamiento, la cuantía de la ayuda directa no servirá de gran cosa a las familias con menos recursos.

Tampoco la línea de crédito finalista, acordada con determinadas entidades bancarias y destinada a las familias de posición económica más precaria, tiene mucho sentido. ¿No se le ha ocurrido a nadie que es muy probable que esas familias tengan necesidades mucho más acuciantes y perentorias? Siendo deliberadamente demagógico, cabría preguntarse si todos los destinatarios de dichos créditos pueden permitirse el aumento de la factura eléctrica derivada del consumo del portátil. Cito la frase lapidaria de Marian, una comentarista del diario madrileño, no por acerba menos cierta: “Dar 50 euros es un regalo para los que tienen posibilidades y un insulto a los que no pueden comprar”.

Por otra parte, el hecho de que esta subvención haya de ser sufragada en todo o en parte (tampoco aparece precisado este aspecto) por las administraciones autonómicas habrá de redundar en una fuente inevitable de conflictos, pues no hay duda de que entrará en colisión directa con los presupuestos de aquéllas, con sus políticas de inversión, con iniciativas ya comprometidas y en marcha, con los sistemas operativos y los portales de contenidos que ya utilizan, etc.

2. Todo el enfoque de la iniciativa resulta tan descaradamente comercial, o tan favorable a determinados intereses comerciales, que sus posibles virtudes –la movilización del sistema educativo y la progresiva eliminación de algunas de sus inercias, el replanteamiento de las tradiciones organizativas y didácticas de los centros, el cambio de modelo y la apuesta por líneas estratégicas de futuro que habrían de constituir un estímulo para la actividad económica- quedan prácticamente ocultos, aplastados. De ser cierta la noticia que publica El País, los mayores beneficiarios de la iniciativa no son los alumnos y sus familias, o el sistema educativo en su conjunto, sino los fabricantes de hardware y software, las editoriales y los proveedores de telecomunicaciones.

3. El proyecto nace con unas urgencias tales que inducen a pensar que su última justificación va más allá del sistema educativo y responde a otro tipo de intereses. Cito las palabras del presidente del Gobierno, tal como figura en la transcripción de su discurso matutino, realizada por El País:

El proyecto Escuela 2.0 para la modernización de los sistemas de enseñanza con pizarras digitales y ordenadores para los alumnos, conexión inalámbrica a Internet y los profesores recibirán formación adicional. La iniciativa comenzará a aplicarse en septiembre; en el curso 2009/2010 los más de 420.000 alumnos de 5º de primaria recibirán un ordenador personal y se extenderá por los cursos hasta alcanzar el último curso de la secundaria.

¿Cree alguien que se puede organizar eficazmente la aplicación de esta medida con el tiempo que queda para ponerla en práctica? ¿Sacar de la nada conexiones WiFi para garantizar que todas las aulas de 5º se conecten a red y a Internet en menos de cinco meses? ¿Instalar miles de pizarras digitales, con sus proyectores y sus conexiones, que funcionen correctamente y puedan ser utilizadas por docentes con la formación adecuada?

4. El modelo de materiales educativos por el que parece haber optado el Gobierno, ya de manera muy marcada, es un error clamoroso, y a mi modo de ver está destinado al fracaso. Cito a continuación unas líneas del artículo, particularmente desafortunadas:

Las editoriales trabajan en el desarrollo de paquetes de materiales digitalizados, cuya novedad sería que los libros electrónicos llevan implantados un gestor (un hardware) que contiene una licencia personal para cada usuario. El niño al entrar en el ordenador introduce la contraseña que va en su licencia y empieza a trabajar en su libro digital. El gestor sirve también para que el profesor controle lo que hace cada niño en su ordenador.

Pretender que los materiales digitales formen parte de un paquete cerrado y de un contenedor que exige autentificación previa va contra la naturaleza de las cosas en la Red, contra todas las tendencias pedagógicas más interesantes (la compartición de materiales en red, las prácticas colaborativas, los contenidos libres y distribuibles, la utilización de materiales variados, que los docentes puedan en cada caso adaptar a una realidad infinitamente variable), contra la autonomía de los centros y de los profesores, contra la libertad de cátedra, para qué seguir. Además, este modelo de uso plantea innumerables problemas prácticos y de carácter técnico (¿qué es eso de un gestor que permite controlar lo que hace cada niño en su ordenador?), que complicarán la existencia de los administradores del sistema –todos, o casi todos, profesores- hasta límites inconcebibles.

Una cosa es que las editoriales pretendan defender su negocio con buenos productos capaces de convencer a sus usuarios –incluyendo, si les apetece, dispositivos anticopia- y otra muy distinta que la patronal del sector cometa el despropósito de considerar a los docentes y hasta las administraciones educativas practicantes de “intrusismo” profesional, contra el que tienen que protegerse con mecanismos avalados –pásmense ustedes- por la propia administración central. Esta actitud resulta profundamente ofensiva para todos los que creemos en el intercambio libre de conocimiento y hemos hecho algún esfuerzo, aunque sea pequeño y ya vaya quedándose anticuado, por ofrecer a la comunidad educativa, de forma libre y desinteresada, recursos, materiales y experiencias fiables de integración de las TIC.

5. Prácticamente no hay referencias en la noticia (sí, aunque muy vagas, en el discurso presidencial) a las implicaciones que esta iniciativa tendría para los centros y los docentes: ¿dónde están las imprescindibles mejoras de la conectividad de los centros, de sus redes y sistemas eléctricos (la WiFi generalizada no es solución, salvo que se tienda a partir de una buena infraestructura de cable, que es costosa de instalar y que desde luego no se monta de la noche a la mañana)?; ¿dónde han ido a parar las medidas para la formación del profesorado y la difusión de buenas prácticas en el uso de las TIC?; ¿dónde figuran las previsiones y los criterios de organización para atender las tareas de administración, mantenimiento, soporte, y sustitución de equipos…? ¿O es que se pretende que esos ordenadores no pisen las aulas y sean utilizados por los alumnos para hacer los deberes?

6. Lo peor de todo es que la iniciativa parece hacer abstracción de que la educación reglada (quizás sería mejor decir la enseñanza) no tiene lugar en el marco de los domicilios de los alumnos, ni en la calle, ni en los cibercafés, ni siquiera en las bibliotecas de barrio, sino en unos espacios perfectamente delimitados, llamados centros escolares, que apenas si se mencionan de pasada en el ámbito de actuación del proyecto. A este respecto, resulta poco menos que un sarcasmo que se haya negociado con los proveedores de Internet tarifas especiales vespertinas para los domicilios de los alumnos y que en cambio la conectividad de los colegios y los institutos de muchas zonas de España quede abandonada a la tiranía de un mercado que no tiene el mínimo interés en darles el ancho de banda que merecen.

Y, por último –last, but not least– las líneas maestras que hasta ahora conocemos de la iniciativa parecen haber olvidado que en todos los sistemas escolares los alumnos no aprenden solos, sino guiados por profesionales del oficio, los docentes, cuya clamorosa ausencia del catálogo de medidas (se invoca el fetiche de la “formación”, como tantas otras veces, pero sin mayores precisiones) no augura nada bueno para el futuro de nuestra profesión.

En fin, un jarro de agua fría, del que cuesta recobrarse. Como no quiero caer en los vicios de la negatividad y la melancolía, voy a intentar ordenar mis ideas y formular una propuesta alternativa que permita sacar mejor rendimiento de las inversiones prometidas. No creo que nadie me haga mucho caso, pero por mí, que no quede. A ver si puedo publicarla mañana.