Me da un poco de miedo la expectación levantada por mi anuncio de ayer con respecto a una “propuesta alternativa que permita sacar mejor rendimiento de las inversiones prometidas” por el Gobierno en su anuncio de portátiles para los alumnos de Primaria (aprovecho para dar las gracias a todos los compañeros y compañeras que han realizado comentarios a dicha entrada; vuestra confianza me honra), porque ni tengo la respuesta a todos los interrogantes que suscita la iniciativa gubernamental, ni el conocimiento cabal de todos los elementos implicados en la iniciativa, ni desde luego la autoridad o los medios para poner en práctica mis propias ideas. No obstante, me enseñaron de pequeño que uno debe ser fiel a la palabra dada y cumplir los compromisos adquiridos, y por eso me atrevo a formular a continuación algunas recomendaciones sobre esta polémica y debatidísima medida.

1. Repensar (y prescindir de ella, en último término) la política del “café para todos”. Ni está demostrado que la medida del Gobierno sea pedagógicamente idónea, ni es necesario dotar a todos y cada uno de los alumnos con un portátil (en el caso de que fuera inevitable la inversión en esta clase de tecnología), ni todos los centros los quieren o pueden gestionar, ni todos los profesores pueden o quieren trabajar con ellos, ni es conveniente incorporar tan masivamente la tecnología informática a las prácticas cotidianas en el aula.

2. Habida cuenta de la estructura política española, y de cómo está organizado su sistema educativo, es imprescindible implicar a las comunidades autónomas no sólo en la financiación de la iniciativa (y ya veremos hasta dónde es posible), sino también en su planificación, organización, ritmo de aplicación, desarrollo de contenidos educativos, iniciativas de formación, selección de hardware y software, etc. En consonancia con el punto anterior, deberían ser las administraciones educativas de las comunidades autónomas las que decidieran cómo y de qué manera se van a invertir las partidas consignadas en la propuesta gubernamental. Si es inevitable comprar portátiles, que se les permita ejercer la autonomía, a la hora de tomar las oportunas decisiones sobre hardware y software, y de determinar la relación entre los porcentajes de la inversión asociada a máquinas, por una parte, y a sus servicios complementarios (formación del profesorado, adecuación de centros, conectividad, tipo de contenidos, modelos de uso, etc.), por otra.

3. Proceder con calma, planificar, establecer prioridades, obtener consensos de la comunidad educativa, pisar con pies de plomo, integrar cuidadosamente la iniciativa en el marco de las políticas ya existentes en cada administración educativa. No tiene ningún sentido obsesionarse con que los portátiles estén en manos de los alumnos el 1 de septiembre de 2009. Esto equivale no sólo a tirar el dinero sino a causar en los centros un desbarajuste de proporciones indescriptibles.

4. Invertir el presupuesto disponible no en equipamientos para los alumnos, sino para los centros, lo cual va mucho más en consonancia con la naturaleza de la enseñanza reglada, resulta más eficiente, asegura un reparto más igualitario y permite planificar con mayor precisión. Es decir, que los equipos no sean para los alumnos sino para los centros, y que sean éstos los que definan criterios para utilizarlos e integrarlos en su práctica educativa. Que sean los colegios e institutos los que decidan (reconozco que a mí la idea no me gusta, pero no deja de ser una opinión) si los alumnos se llevan los equipos a casa y trabajan allí con ellos, para hacer los deberes o para entretenerse (pues también se aprende, y mucho, de los hábitos de ocio). Que los centros puedan crear, plantear y defender proyectos propios, y que las dotaciones disponibles se vayan entregando de forma progresiva, para permitir un despliegue asentado y eficaz, dar tiempo a que se propaguen y difundan las buenas prácticas y se analicen los fallos advertidos. Y, sobre todo, que no se obligue a todos los centros y sus profesores a hacer uso de este tipo de equipamientos.

5. Modificar, o liberalizar, o no imponer el modelo adoptado para los contenidos digitales asociados a los portátiles. Si ya está cerrado el acuerdo con la patronal del sector editorial y se ha decidido que los portátiles lleven sistemas anticopia (lo cual, como ya he expresado en los dos artículos anteriores de esta serie, me parece aberrante), por lo menos que no se obligue a los usuarios finales (administraciones, centros, profesores y alumnos) a utilizarlo. Que sean posibles otros usos alternativos, que los equipos puedan ser libremente utilizados, que los profesores puedan desarrollar contenidos, que los contenidos sean compartibles y comunicables, que no haya compartimentos estancos ni reinos de taifas en la difusión de los materiales y las experiencias (¿qué se hizo del espíritu de la plataforma Agrega?).

6. Llevar a cabo un cálculo realista y preciso de los costes de la iniciativa, considerando en ella no sólo el precio de las máquinas y sus contenidos digitales, sino el de todas las actuaciones que deben acompañarla. Que el presupuesto total de la inversión se analice cuidadosamente y se considere con la atención debida qué porcentaje debe destinarse a máquinas (incluyendo software, en su caso), y qué porcentaje a otros aspectos necesariamente relacionados con la puesta en práctica de la iniciativa:

  1. Formación del profesorado.
  2. Desarrollo de contenidos y de plataformas de difusión y compartición de recursos educativos.
  3. Infraestructuras de red y mejoras de conectividad.
  4. Mantenimiento, reparación, soporte, administración de sistemas y renovación de equipos.
  5. Mejoras y trabajos de adecuación de los centros.

A modo de indicación de la complejidad y del enorme coste de esta iniciativa, esta mañana he realizado un cálculo estimativo de cuánto podría costar añadir 300 bocas de red a las ya existentes en un colegio de tamaño medio-grande (digamos 500 alumnos), para un total de 300 ordenadores de nueva incorporación. Debo advertir que es un cálculo puramente indicativo y basado en los precios de instalación que yo manejo en mi trabajo; por otra parte, no implica que si dependiera de mí la decisión de dar a un centro 300 portátiles éstos hubieran de complementarse con 300 bocas, pues a lo mejor no harían falta más que 100 para conseguir una buena ratio de conectividad. A mí me sale una cifra algo mayor de 60.000 euros, cantidad que no incluye, desde luego, ninguno de los costes asociados a los puntos 1, 2, 4 y 5, y que tampoco considera los gastos derivados del necesario incremento del ancho de banda. A tenor de mi experiencia, y dejando bien claro que no soy experto en economía de la educación, me atrevería a decir que las cifras avanzadas en el artículo de ayer de El Mundo sobre los costes de la informatización de las aulas se quedan bastante cortas.

Como podrá observarse, no he incluido en mi propuesta ningún punto relacionado con el tipo de software que deben llevar instalado los portátiles. Mi posición personal al respecto es un tanto ambigua, porque aunque reconozco y valoro muy positivamente las ventajas de los sistemas operativos de código libre en el ámbito escolar, también soy consciente de que para muchas administraciones educativas, centros y profesores, la decisión de prescindir del software propietario acostumbrado (Windows, dejémonos de eufemismos) supondría un cambio radical, cuyo coste en términos de adaptación constituiría una dificultad añadida a la planificación y puesta en práctica de la iniciativa. En todo caso, creo ser coherente con las ideas esbozadas más arriba: si aceptamos que las administraciones educativas han de ser libres (y responsables) para tomar sus propias decisiones, no veo por qué hay que limitar su capacidad de decisión en este terreno.

Creo que se trata de una propuesta realista y factible, que concilia el legítimo ámbito de decisión del Gobierno con los intereses de las administraciones educativas autonómicas, de los centros, los profesores y los alumnos. Lo que no admite esta propuesta son las recetas universales, ni las prisas motivadas por intereses espurios al sistema educativo, ni las chapuzas. Exige planificación, trabajo paciente y silencioso, toma de consensos, adopción de criterios responsables y efectivos y una puesta en práctica ordenada y rigurosa.

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