1. Repensar (y prescindir de ella, en último término) la política del “café para todos”. Ni está demostrado que la medida del Gobierno sea pedagógicamente idónea, ni es necesario dotar a todos y cada uno de los alumnos con un portátil (en el caso de que fuera inevitable la inversión en esta clase de tecnología), ni todos los centros los quieren o pueden gestionar, ni todos los profesores pueden o quieren trabajar con ellos, ni es conveniente incorporar tan masivamente la tecnología informática a las prácticas cotidianas en el aula.

2. Habida cuenta de la estructura política española, y de cómo está organizado su sistema educativo, es imprescindible implicar a las comunidades autónomas no sólo en la financiación de la iniciativa (y ya veremos hasta dónde es posible), sino también en su planificación, organización, ritmo de aplicación, desarrollo de contenidos educativos, iniciativas de formación, selección de hardware y software, etc. En consonancia con el punto anterior, deberían ser las administraciones educativas de las comunidades autónomas las que decidieran cómo y de qué manera se van a invertir las partidas consignadas en la propuesta gubernamental. Si es inevitable comprar portátiles, que se les permita ejercer la autonomía, a la hora de tomar las oportunas decisiones sobre hardware y software, y de determinar la relación entre los porcentajes de la inversión asociada a máquinas, por una parte, y a sus servicios complementarios (formación del profesorado, adecuación de centros, conectividad, tipo de contenidos, modelos de uso, etc.), por otra.

3. Proceder con calma, planificar, establecer prioridades, obtener consensos de la comunidad educativa, pisar con pies de plomo, integrar cuidadosamente la iniciativa en el marco de las políticas ya existentes en cada administración educativa. No tiene ningún sentido obsesionarse con que los portátiles estén en manos de los alumnos el 1 de septiembre de 2009. Esto equivale no sólo a tirar el dinero sino a causar en los centros un desbarajuste de proporciones indescriptibles.

4. Invertir el presupuesto disponible no en equipamientos para los alumnos, sino para los centros, lo cual va mucho más en consonancia con la naturaleza de la enseñanza reglada, resulta más eficiente, asegura un reparto más igualitario y permite planificar con mayor precisión. Es decir, que los equipos no sean para los alumnos sino para los centros, y que sean éstos los que definan criterios para utilizarlos e integrarlos en su práctica educativa. Que sean los colegios e institutos los que decidan (reconozco que a mí la idea no me gusta, pero no deja de ser una opinión) si los alumnos se llevan los equipos a casa y trabajan allí con ellos, para hacer los deberes o para entretenerse (pues también se aprende, y mucho, de los hábitos de ocio). Que los centros puedan crear, plantear y defender proyectos propios, y que las dotaciones disponibles se vayan entregando de forma progresiva, para permitir un despliegue asentado y eficaz, dar tiempo a que se propaguen y difundan las buenas prácticas y se analicen los fallos advertidos. Y, sobre todo, que no se obligue a todos los centros y sus profesores a hacer uso de este tipo de equipamientos.

5. Modificar, o liberalizar, o no imponer el modelo adoptado para los contenidos digitales asociados a los portátiles. Si ya está cerrado el acuerdo con la patronal del sector editorial y se ha decidido que los portátiles lleven sistemas anticopia (lo cual, como ya he expresado en los dos artículos anteriores de esta serie, me parece aberrante), por lo menos que no se obligue a los usuarios finales (administraciones, centros, profesores y alumnos) a utilizarlo. Que sean posibles otros usos alternativos, que los equipos puedan ser libremente utilizados, que los profesores puedan desarrollar contenidos, que los contenidos sean compartibles y comunicables, que no haya compartimentos estancos ni reinos de taifas en la difusión de los materiales y las experiencias (¿qué se hizo del espíritu de la plataforma Agrega?).

6. Llevar a cabo un cálculo realista y preciso de los costes de la iniciativa, considerando en ella no sólo el precio de las máquinas y sus contenidos digitales, sino el de todas las actuaciones que deben acompañarla. Que el presupuesto total de la inversión se analice cuidadosamente y se considere con la atención debida qué porcentaje debe destinarse a máquinas (incluyendo software, en su caso), y qué porcentaje a otros aspectos necesariamente relacionados con la puesta en práctica de la iniciativa:

1. Formación del profesorado.
2. Desarrollo de contenidos y de plataformas de difusión y compartición de recursos educativos.
3. Infraestructuras de red y mejoras de conectividad.
4. Mantenimiento, reparación, soporte, administración de sistemas y renovación de equipos.
5. Mejoras y trabajos de adecuación de los centros.

A modo de indicación de la complejidad y del enorme coste de esta iniciativa, esta mañana he realizado un cálculo estimativo de cuánto podría costar añadir 300 bocas de red a las ya existentes en un colegio de tamaño medio-grande (digamos 500 alumnos), para un total de 300 ordenadores de nueva incorporación. Debo advertir que es un cálculo puramente indicativo y basado en los precios de instalación que yo manejo en mi trabajo; por otra parte, no implica que si dependiera de mí la decisión de dar a un centro 300 portátiles éstos hubieran de complementarse con 300 bocas, pues a lo mejor no harían falta más que 100 para conseguir una buena ratio de conectividad. A mí me sale una cifra algo mayor de 60.000 euros, cantidad que no incluye, desde luego, ninguno de los costes asociados a los puntos 1, 2, 4 y 5, y que tampoco considera los gastos derivados del necesario incremento del ancho de banda. A tenor de mi experiencia, y dejando bien claro que no soy experto en economía de la educación, me atrevería a decir que las cifras avanzadas en el artículo de ayer de El Mundo sobre los costes de la informatización de las aulas se quedan bastante cortas.

Como podrá observarse, no he incluido en mi propuesta ningún punto relacionado con el tipo de software que deben llevar instalado los portátiles. Mi posición personal al respecto es un tanto ambigua, porque aunque reconozco y valoro muy positivamente las ventajas de los sistemas operativos de código libre en el ámbito escolar, también soy consciente de que para muchas administraciones educativas, centros y profesores, la decisión de prescindir del software propietario acostumbrado (Windows, dejémonos de eufemismos) supondría un cambio radical, cuyo coste en términos de adaptación constituiría una dificultad añadida a la planificación y puesta en práctica de la iniciativa. En todo caso, creo ser coherente con las ideas esbozadas más arriba: si aceptamos que las administraciones educativas han de ser libres (y responsables) para tomar sus propias decisiones, no veo por qué hay que limitar su capacidad de decisión en este terreno.

Creo que se trata de una propuesta realista y factible, que concilia el legítimo ámbito de decisión del Gobierno con los intereses de las administraciones educativas autonómicas, de los centros, los profesores y los alumnos. Lo que no admite esta propuesta son las recetas universales, ni las prisas motivadas por intereses espurios al sistema educativo, ni las chapuzas. Exige planificación, trabajo paciente y silencioso, toma de consensos, adopción de criterios responsables y efectivos y una puesta en práctica ordenada y rigurosa.

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No quiero ser catastrofista, pero lo que hasta hoy conocemos del proyecto, lejos de aclarar las dudas que en su momento planteamos muchos docentes (véase, por ejemplo, la recopilación de reacciones compilada por Charo Fernández en Aulablog), las adensa todavía más, hasta un punto en el que resulta difícil apreciar algún valor positivo en aquél. El propio rotativo madrileño plantea unos cuantos problemas, algunos de los cuales –pero no todos, ni quizá los más arduos- coinciden con mis puntos de vista, que intentaré exponer a continuación.

1. La cifra de 50 euros para cada portátil (o para cada familia, no sé si está muy claro el concepto) es ridícula si se trata de sufragar el gasto de este equipamiento, pues dicha cantidad equivale, aproximadamente, a 1/8 del precio comercial de un ultraportátil, o a 1/12 de un portátil de una marca prestigiosa. Aunque los precios finales puedan reducirse mediante la adquisición de grandes partidas de equipamiento, la cuantía de la ayuda directa no servirá de gran cosa a las familias con menos recursos.

Tampoco la línea de crédito finalista, acordada con determinadas entidades bancarias y destinada a las familias de posición económica más precaria, tiene mucho sentido. ¿No se le ha ocurrido a nadie que es muy probable que esas familias tengan necesidades mucho más acuciantes y perentorias? Siendo deliberadamente demagógico, cabría preguntarse si todos los destinatarios de dichos créditos pueden permitirse el aumento de la factura eléctrica derivada del consumo del portátil. Cito la frase lapidaria de Marian, una comentarista del diario madrileño, no por acerba menos cierta: «Dar 50 euros es un regalo para los que tienen posibilidades y un insulto a los que no pueden comprar».

Por otra parte, el hecho de que esta subvención haya de ser sufragada en todo o en parte (tampoco aparece precisado este aspecto) por las administraciones autonómicas habrá de redundar en una fuente inevitable de conflictos, pues no hay duda de que entrará en colisión directa con los presupuestos de aquéllas, con sus políticas de inversión, con iniciativas ya comprometidas y en marcha, con los sistemas operativos y los portales de contenidos que ya utilizan, etc.

2. Todo el enfoque de la iniciativa resulta tan descaradamente comercial, o tan favorable a determinados intereses comerciales, que sus posibles virtudes –la movilización del sistema educativo y la progresiva eliminación de algunas de sus inercias, el replanteamiento de las tradiciones organizativas y didácticas de los centros, el cambio de modelo y la apuesta por líneas estratégicas de futuro que habrían de constituir un estímulo para la actividad económica- quedan prácticamente ocultos, aplastados. De ser cierta la noticia que publica El País, los mayores beneficiarios de la iniciativa no son los alumnos y sus familias, o el sistema educativo en su conjunto, sino los fabricantes de hardware y software, las editoriales y los proveedores de telecomunicaciones.

3. El proyecto nace con unas urgencias tales que inducen a pensar que su última justificación va más allá del sistema educativo y responde a otro tipo de intereses. Cito las palabras del presidente del Gobierno, tal como figura en la transcripción de su discurso matutino, realizada por El País:

El proyecto Escuela 2.0 para la modernización de los sistemas de enseñanza con pizarras digitales y ordenadores para los alumnos, conexión inalámbrica a Internet y los profesores recibirán formación adicional. La iniciativa comenzará a aplicarse en septiembre; en el curso 2009/2010 los más de 420.000 alumnos de 5º de primaria recibirán un ordenador personal y se extenderá por los cursos hasta alcanzar el último curso de la secundaria.

¿Cree alguien que se puede organizar eficazmente la aplicación de esta medida con el tiempo que queda para ponerla en práctica? ¿Sacar de la nada conexiones WiFi para garantizar que todas las aulas de 5º se conecten a red y a Internet en menos de cinco meses? ¿Instalar miles de pizarras digitales, con sus proyectores y sus conexiones, que funcionen correctamente y puedan ser utilizadas por docentes con la formación adecuada?

4. El modelo de materiales educativos por el que parece haber optado el Gobierno, ya de manera muy marcada, es un error clamoroso, y a mi modo de ver está destinado al fracaso. Cito a continuación unas líneas del artículo, particularmente desafortunadas:

Las editoriales trabajan en el desarrollo de paquetes de materiales digitalizados, cuya novedad sería que los libros electrónicos llevan implantados un gestor (un hardware) que contiene una licencia personal para cada usuario. El niño al entrar en el ordenador introduce la contraseña que va en su licencia y empieza a trabajar en su libro digital. El gestor sirve también para que el profesor controle lo que hace cada niño en su ordenador.

Pretender que los materiales digitales formen parte de un paquete cerrado y de un contenedor que exige autentificación previa va contra la naturaleza de las cosas en la Red, contra todas las tendencias pedagógicas más interesantes (la compartición de materiales en red, las prácticas colaborativas, los contenidos libres y distribuibles, la utilización de materiales variados, que los docentes puedan en cada caso adaptar a una realidad infinitamente variable), contra la autonomía de los centros y de los profesores, contra la libertad de cátedra, para qué seguir. Además, este modelo de uso plantea innumerables problemas prácticos y de carácter técnico (¿qué es eso de un gestor que permite controlar lo que hace cada niño en su ordenador?), que complicarán la existencia de los administradores del sistema –todos, o casi todos, profesores- hasta límites inconcebibles.

Una cosa es que las editoriales pretendan defender su negocio con buenos productos capaces de convencer a sus usuarios –incluyendo, si les apetece, dispositivos anticopia- y otra muy distinta que la patronal del sector cometa el despropósito de considerar a los docentes y hasta las administraciones educativas practicantes de “intrusismo” profesional, contra el que tienen que protegerse con mecanismos avalados –pásmense ustedes- por la propia administración central. Esta actitud resulta profundamente ofensiva para todos los que creemos en el intercambio libre de conocimiento y hemos hecho algún esfuerzo, aunque sea pequeño y ya vaya quedándose anticuado, por ofrecer a la comunidad educativa, de forma libre y desinteresada, recursos, materiales y experiencias fiables de integración de las TIC.

5. Prácticamente no hay referencias en la noticia (sí, aunque muy vagas, en el discurso presidencial) a las implicaciones que esta iniciativa tendría para los centros y los docentes: ¿dónde están las imprescindibles mejoras de la conectividad de los centros, de sus redes y sistemas eléctricos (la WiFi generalizada no es solución, salvo que se tienda a partir de una buena infraestructura de cable, que es costosa de instalar y que desde luego no se monta de la noche a la mañana)?; ¿dónde han ido a parar las medidas para la formación del profesorado y la difusión de buenas prácticas en el uso de las TIC?; ¿dónde figuran las previsiones y los criterios de organización para atender las tareas de administración, mantenimiento, soporte, y sustitución de equipos…? ¿O es que se pretende que esos ordenadores no pisen las aulas y sean utilizados por los alumnos para hacer los deberes?

6. Lo peor de todo es que la iniciativa parece hacer abstracción de que la educación reglada (quizás sería mejor decir la enseñanza) no tiene lugar en el marco de los domicilios de los alumnos, ni en la calle, ni en los cibercafés, ni siquiera en las bibliotecas de barrio, sino en unos espacios perfectamente delimitados, llamados centros escolares, que apenas si se mencionan de pasada en el ámbito de actuación del proyecto. A este respecto, resulta poco menos que un sarcasmo que se haya negociado con los proveedores de Internet tarifas especiales vespertinas para los domicilios de los alumnos y que en cambio la conectividad de los colegios y los institutos de muchas zonas de España quede abandonada a la tiranía de un mercado que no tiene el mínimo interés en darles el ancho de banda que merecen.

Y, por último –last, but not least– las líneas maestras que hasta ahora conocemos de la iniciativa parecen haber olvidado que en todos los sistemas escolares los alumnos no aprenden solos, sino guiados por profesionales del oficio, los docentes, cuya clamorosa ausencia del catálogo de medidas (se invoca el fetiche de la “formación”, como tantas otras veces, pero sin mayores precisiones) no augura nada bueno para el futuro de nuestra profesión.

En fin, un jarro de agua fría, del que cuesta recobrarse. Como no quiero caer en los vicios de la negatividad y la melancolía, voy a intentar ordenar mis ideas y formular una propuesta alternativa que permita sacar mejor rendimiento de las inversiones prometidas. No creo que nadie me haga mucho caso, pero por mí, que no quede. A ver si puedo publicarla mañana.

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Dejando a un lado la cuestión sobre la idoneidad de la medida –estoy convencido de que el sistema educativo, sus profesionales y sus usuarios tienen necesidades mucho más urgentes que ésta–, se me ocurren algunos aspectos que habría que considerar a fondo para que el proyecto fuera eficaz y no se convirtiera en un gigantesco dolor de cabeza para quienes van a tener que gestionarlo (un modesto servidor, entre ellos) o experimentarlo en carne propia.

No pretendo agotar el tema con los puntos que señalo a continuación, ni tampoco el orden en que figuran da cuenta de su importancia relativa, pero si no están todos los que son, al menos sí son todos los que están:

1. ¿A qué intereses sirve esta iniciativa y qué organizaciones se hallan tras ella? Esperemos que su diseño, puesta en marcha y liderazgo sean protagonizados por instancias educativas y no por otras que sirven a propósitos más bien relacionados con el ámbito industrial o empresarial (en años pasados hemos tenido abundantes experiencias, y no siempre positivas, al respecto). Si la iniciativa tiene como prioridad la estimulación del mercado de informática de consumo mediante una especie de “plan renove” masivo, aviados estamos.
2. ¿Qué modelo pedagógico subyace a la medida? ¿Se limitan sus perspectivas y planteamientos a la digitalización de los libros de texto para incluirlos en algún tipo de aplicación “curricular” o en portales cerrados, como ya existen por ahí (algo de esto se teme Celestino), o se apostará por un modelo abierto, que deberá ser precisado y puesto en práctica por los agentes implicados en su aplicación (básicamente, centros y profesores)? Se ha dicho muchas veces, y por voces mucho más solventes que la mía, pero hay que insistir en la idea de que añadir centenares de miles de portátiles al sistema educativo sin una modificación de los usos pedagógicos no sólo no tiene por qué mejorar la calidad del sistema educativo, sino que incluso puede empeorarla.
3. ¿Se han previsto las implicaciones que semejante medida tiene sobre los docentes? El uso generalizado de portátiles por parte de los alumnos exige a las administraciones educativas una acción de formación monumental, que debiera contemplar varios ámbitos diferentes:
   • La modificación de los hábitos pedagógicos. Habrá que formar a los docentes para que sean conscientes de que el uso de portátiles por parte de los alumnos no sólo representa una evolución del cuaderno escolar a nuevos formatos, sino un salto de enormes proporciones que implica otros escenarios pedagógicos: currículo más abierto, impulso al trabajo cooperativo, acción educativa en red, formación y participación de alumnos y familias más allá del ámbito escolar, etc.
   • La intensificación de la competencia digital de los docentes. El dominio de las herramientas ofimáticas, las técnicas de búsqueda, recuperación e integración de información en Internet, los servicios y aplicaciones online más habituales, y el trabajo en red se convertirían en exigencias ineludibles para el profesorado.
   • El conocimiento del hardware de los equipos y de su conexión a red y a Internet por parte de los profesores. No quiero decir que todos los docentes debieran ser expertos en este ámbito, pero es evidente que si no hay profesores (o quizás no profesores) en los colegios que sepan resolver los problemas inmediatos que con toda seguridad plantearán los equipos y su conexión, la iniciativa fracasará.
4. ¿Se han previsto las implicaciones que semejante medida tiene sobre los centros educativos? Cualquiera que sepa cómo funciona un colegio de Primaria (o un instituto de Secundaria, para el caso es lo mismo) podrá darse cuenta de que la mayoría no están preparados para la gestión, organización y puesta en práctica de esta iniciativa, y que se requieren muchas y muy profundas transformaciones:
   • Se precisan docentes con un claro perfil de experto en TIC, que puedan liderar la organización y puesta en práctica del proyecto, que tengan capacidad para atender las incidencias de primer nivel, que posean amplios conocimientos sobre las posibilidades didácticas y los cambios metodológicos que deben derivarse del uso de las TIC, etc. Esos docentes deben tener por parte de las administraciones educativas una consideración (horaria, económica, de reconocimiento profesional) acorde con la importancia de la iniciativa.
   • En centros grandes –pensemos que hay colegios donde podrían incorporarle a las aulas cientos de equipos– harían falta imperiosamente administradores de sistemas, no necesariamente docentes, con amplios conocimientos de administración y mantenimiento de redes y dominios, gestión de servidores, seguridad, mantenimiento de hardware, etc.
   • Sería necesario un esfuerzo gigantesco de aumento de la conectividad, pues es impensable que los equipos funcionen sin conexión a red e Internet. Cualquiera de las posibles soluciones para tender redes de área local que se contemplen –cobertura integral de los centros educativos por cable, WiFi o mediante soluciones mixtas– supone una inversión multimillonaria. Conviene tener en cuenta, a este respecto, que la instalación de WiFi en centros escolares está siendo objeto de una contestación pública cada vez mayor, por la posible repercusión negativa de este tipo de soluciones en la salud (que conste que yo soy plenamente partidario de la alternativa WiFi, incluso aunque presente cierto nivel de riesgo hipotético; al fin y al cabo, toda acción en la vida se adopta con una valoración implícita de la ecuación entre riesgos y ventajas). Ahora bien, si se rechaza la WiFi, ¿qué alternativas hay, y con qué coste? ¿Instalar quince o veinte tomas en cada aula y mecanizar todos los puestos de trabajo para que la toma esté integrada en la mesa del alumno?
   • Incluso aunque se garantice que todos los espacios de uso didáctico de un centro están en red, queda por resolver la conexión de los centros educativos a Internet. Ahora mismo, muchísimos colegios e institutos en España, especialmente en zonas rurales y en zonas urbanas deprimidas o de escaso desarrollo, no cuentan con el ancho de banda necesario para atender al aumento exponencial de la demanda que implicaría la iniciativa y, lo que es peor, tampoco los proveedores actuales de Internet pueden (o quieren) ofrecer ese incremento. La solución de futuro necesaria para resolver este problema, que no sólo es técnico, sino de justicia social –el tendido generalizado de redes de fibra óptica–, implica un cambio sustancial del modelo de negocio generalizado en nuestro país, porque obligaría al Estado y a las administraciones educativas a intervenir directamente en el mercado de las telecomunicaciones, dado que es necesario actuar en zonas donde tal intervención no resulta rentable para la iniciativa privada.
   • El reto que plantea la conexión eléctrica de tantos equipos no es fácil de resolver, pues hoy por hoy no existen soluciones tecnológicas que garanticen un funcionamiento ininterrumpido de las baterías de los portátiles a lo largo de toda la jornada escolar. La otra solución –el tendido eléctrico permanente en los puestos escolares– es carísima y a mi modo de ver poco recomendable, por sus repercusiones en el consumo eléctrico de los centros educativos.
   • Quizás sea necesario plantearse modificaciones sustanciales en la planta y organización de los centros. Aspectos como la distribución, forma y sistemas de ocupación y gestión de las aulas, el mobiliario, los equipamientos generales (¿por qué no las taquillas, para que cada chico o chica guarde su portátil cuando no lo usa?) deberán considerarse a fondo.
5. ¿En qué tipo de ordenadores se está pensando? A mi modo de ver, la solución más conveniente a día de hoy (vaya usted a saber qué nos deparará el futuro próximo) es el ultraportátil o netbook, dispositivos rigurosamente portátiles y no simplemente trasladables, cuyos más recientes modelos ofrecen prestaciones más que suficientes para el trabajo escolar, a cambio de un precio muy competitivo. Optar por otro tipo de equipamiento más sofisticado –portátiles convencionales, TabletPCs, etc.– es, a mi modo de ver, una forma sofisticada de tirar el dinero.
6. ¿Con qué sistema operativo funcionarán? De nuevo considero que optar por sistemas propietarios (que seguro interesan muchísimo a algunas de las empresas participantes en las conversaciones previas) constituye un dispendio, aunque soy consciente de que la opción por software libre (cualquiera de las distribuciones más amigables de Linux, como Ubuntu o Mandriva) supone un cambio copernicano para los hábitos de muchos usuarios y las tradiciones organizativas de la mayoría de administraciones educativas.
7. ¿Qué clase de responsabilidad sobre el uso de este equipamiento corresponderá a sus usuarios finales? Si el portátil se convierte en una herramienta de uso cotidiano, algo así como en la versión moderna del cuaderno escolar, parece aconsejable que los alumnos se los lleven a sus casas para trabajar con ellos, lo cual presenta diversas implicaciones en el ámbito legal, de seguridad, de gestión de las configuraciones de los equipos, etc. Por otro lado, y dado que los niños a los que van destinadas estas máquinas son irresponsables legales, resulta inevitable la intervención activa de las familias en la gestión de los equipos, a través de fórmulas que habrán de estudiarse cuidadosamente.
8. ¿Qué tipo de colosal pliego de condiciones ha de regular esta iniciativa? No me gustaría estar en el pellejo de quien tenga que redactarlo, asesorarlo o verificar su aplicación. En todo caso, tengo claro que para que el proyecto funcione ha de gastarse mucho menos dinero del previsto en máquinas y un porcentaje mucho más elevado en actuaciones que garanticen su correcto funcionamiento: además de la formación del profesorado y la mejora de las redes y la conectividad de los centros, habrá que dedicar recursos suficientes al mantenimiento preventivo, la atención de incidencias, las reparaciones, la reposición de equipos perdidos, dañados o sustraídos (este último, un cáncer cada vez más extendido y frecuente), etc. Por otro lado, habrán de realizarse previsiones sobre las consecuencias que la iniciativa tiene de cara al futuro, pues representa una enorme hipoteca para los presupuestos educativos, que habrán de prever la renovación o sustitución de los equipamientos cuando finalice su vida útil (por no hablar de que los alumnos de Secundaria y Formación Profesional también tienen derecho a participar de las ventajas del proyecto; por cierto, ¿alguien se ha planteado por qué la etapa educativa escogida es la que es?).
9. ¿Se han tenido en cuenta cuestiones como la conveniencia de que la iniciativa asegure el retorno de inversiones, a través del desarrollo de la industria nacional, y el impulso a empresas y modelos de negocio que puedan beneficiarse de ella? No hay ninguna duda de que las inversiones que se vayan a acometer podrían tener un impacto muy positivo en el empleo y en la generación de conocimiento si no se limitan a la pura y simple adquisición de equipos y promueven, en cambio, la actividad de empresas de integración de sistemas operativos, de soporte y atención al cliente, de desarrollo de software educativo y soluciones de gestión, etc.
10. Finalmente, ¿se ha previsto algún tipo de mecanismo de seguimiento, supervisión y evaluación de la iniciativa? Habida cuenta de los presupuestos astronómicos que implica, no estaría de más ir pensando en mecanismos de supervisión de su rentabilidad pedagógica, social y económica.

Adenda de las 22,50 horas

Escrito este artículo, he comprobado que hay otro anterior que analiza la noticia, también mediante el mecanismo retórico de una lista de preguntas que en parte coincide (y no podía ser de otro modo) con las que yo he planteado aquí. Se trata de Un ordenador para cada niño/a de primaria, de Javier García Calleja, del cual se hace eco Josu Garro en Un ordenador a cada niña y niño de primaria. Vaya desde aquí mi reconocimiento al compañero leonés, de quien tanto he aprendido (y lo próximo es probar sus instrucciones para instalar Ubuntu 9.04 en un ultraportátil por medio de un pincho USB). Te aseguro, Javier, que no había leído tu entrada, aunque no me cabe duda de que sus efluvios blogosféricos me han inspirado a la hora de redactar la mía.

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