Me da un poco de apuro que mi nombre, a diferencia del de otros colegas, vaya acompañado de un título un tanto rimbombante y en el fondo superfluo. Y todavía más coraje me da que la selección de nombres que figura en el artículo no haya sido más amplia. No quiero hacer de menos a nadie, pero no entiendo cómo se ha podido dejar fuera del artículo a Néstor Alonso, animador de muchos cotarros TIC, polemista agudo e incansable, y diseñador, entre muchos otros geniales, del logo de la iniciativa.

Ya sé que no lo necesitan, pero esta entrada va en desagravio de Néstor y otros compañeros que han sabido pelear por lo suyo (que es nuestro, de todos) en buena y civilizada lid. Y me sumo a la elegante protesta de Ángel Puente por la poca coherencia demostrada por el matutino madrileño al publicar en su edición digital un texto tan horro de los imprescindibles hipervínculos. Claro está que con su iluminador comentario a la entrada de Ángel, Lourdes Barroso nos aclara muchas cosas a quienes seguimos siendo unos ingenuos.

En fin, no quiero ser más cáustico de lo necesario. Como he dicho antes, ojalá que el artículo cumpla todos sus objetivos, y alguno más. A ver si el Ministerio y las demás administraciones educativas (ahora sí, me pongo oficialista, y os aseguro a todos que sigo machacando sobre el mismo clavo, siempre que puedo y me dejan) se ponen las pilas, cuanto antes.

Addenda tras matices

Las líneas anteriores han sido redactadas (que no publicadas) antes de que Néstor Alonso diera a la luz un certero artículo sobre este mismo asunto, en el que deja meridianamente claro cuál fue el propósito que le animó a participar en la iniciativa. Estoy muy de acuerdo con sus palabras, y reconozco que mis propias ideas iban más por el asunto de las publicaciones digitales que por el de la reivindicación cruda y en bruto de «el trabajo con las TIC». Con todo, creo que una cosa es inseparable de la otra, pues un reconocimiento oficial de aquéllas constituye, de uno u otro modo, un acicate o impulso, todo lo limitado que se quiera, para la integración curricular de las nuevas tecnologías en el aula.

En un comentario de Emilio Quintana al artículo de Néstor se moteja la reivindicación del reconocimiento oficial del trabajo con las TIC como una iniciativa «delirante». Al margen del calificativo, que me parece excesivo (y, si he de ser sincero, hasta un poco ofensivo), sus argumentos son dignos de consideración. No obstante, no hay que echar en saco roto lo que parece en vías de conseguirse: si a través de la iniciativa (que puede tener puntos dudosos y hasta desenfocados), se consigue mover obstáculos en temas como el reconocimiento de las publicaciones digitales o la modificación del sistema de selección del profesorado, se habrá conseguido un avance indiscutible.

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El debate generado en torno al grupo Reconocimiento oficial del trabajo con las TIC (mil gracias a Antonio Solano, por su esfuerzo y sus ideas, y mi más sincera enhorabuena por el galardón obtenido en el II Premio Espiral edublogs 08), así como las propuestas derivadas de él demuestran la importancia del caso, y el interés legítimo que tenemos muchos profesores y profesoras en que las administraciones educativas tengan en cuenta nuestro trabajo en este ámbito.

Del esfuerzo conjunto de todos los que hemos colaborado en el grupo que acabo de mencionar han surgido varias iniciativas muy interesantes: un manifiesto que, entre otras, recoge varias ideas mías e incluye un formulario para la recogida de firmas con su correspondiente relación de firmantes, el wiki CausaTIC (los tres elaborados por Lourdes Barroso) y los oportunos logos con los que identificar mediáticamente la campaña: el primero de Leonor Quintana, modificado por Pedro Villarrubia, y los otros dos últimos de Néstor Alonso. Aquí figuran todos ellos, a disposición de cuantas personas quieran sumarse a la campaña.

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El problema se sitúa más allá del caso que afecta a Lu, o de cualesquiera otros que se han traído a colación en las varias entradas y en los muchos comentarios publicados tras la denuncia de Lourdes: por ejemplo, las que acaban de ver la luz en La Clase Abierta, Eduideas o Re(paso) de Lengua (por no hablar de la mucho más lejana que yo mismo publiqué hace ya bastantes meses, sobre la necesidad de un reconocimiento oficial para las publicaciones digitales).

En las actuales circunstancias, con una realidad tecnológica y educativa que poco a poco se ha abierto paso en las aulas y que ha sido plasmada en la legislación hace bien poco tiempo, con nuevos currículos que exigen a los docentes un cierto dominio de la competencia digital (pues mal pueden aspirar a que sus alumnos sean competentes si carecen del mínimo nivel exigible en dicho ámbito), la casi completa falta de reconocimiento por parte de las administraciones educativas de lo que muchos profesoras y profesoras vienen haciendo en este ámbito desde hace años no sólo constituye un desperdicio de recursos humanos y materiales, sino, me atrevería a decir, un caso flagrante de negligencia.

En mi artículo del pasado noviembre hice una propuesta, necesariamente incompleta y provisional, de lo que se podría hacer para otorgar justo reconocimiento a las publicaciones digitales. Tal como prometí entonces, difundí mi escrito en el ámbito administrativo al que pertenezco, el del Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra aunque, lo confieso abiertamente, con poco éxito (hay personas lúcidas que me han dado su apoyo, y por eso persisto, en la convicción de que todo cambio exige la movilización previa de las conciencias).

Ahora, tras leer el artículo de Lourdes, creo necesario ampliar el horizonte de la propuesta, y a tal efecto reclamo desde esta modesta tribuna un nuevo marco normativo para los procesos de selección, acreditación y promoción docente, que parta de algunos principios básicos:

• Que se tengan en cuenta las actividades profesionales realizadas a través de los nuevos formatos y medios propios de la sociedad de la información y la comunicación. Dicha valoración ha de aplicarse en al menos dos ámbitos: la creación de materiales para la enseñanza de alumnos dentro del ámbito escolar, por un lado, y las aportaciones realizadas por los interesados de cara a la formación del profesorado, en todas sus modalidades (formal, informal, reglada, no reglada, individual, colectiva, colaborativa, etc.), por otro.
• Que se incluyan entre los méritos valorables los materiales de carácter educativo publicados en los nuevos formatos que definen la sociedad de la información y la comunicación: sitios y páginas web, blog, wikis, aulas y plataformas de formación online, entornos colaborativos de enseñanza-aprendizaje, materiales y objetos digitales educativos, etc.
• Que se valore con mayor precisión que la actual la pertinencia y aplicabilidad didáctica de los méritos, tanto los señalados en el punto anterior como otros tradicionalmente contemplados en los procesos de selección y promoción docente: estudios, cursos de formación, participación en proyectos educativos, etc.
• Que se incluyan en los tribunales de selección, comisiones baremadoras y otros órganos semejantes a expertos capaces de evaluar la calidad y pertinencia educativa de las propuestas y materiales antedichos. Los tribunales de valoración e méritos habrán de ser capaces de utilizar técnicas objetivas de evaluación en aquellos casos en que sean aplicables. Por ejemplo, el valor de un sitio web se puede medir aproximativamente con el PageRank de Google, y la calidad de un blog por el número de sus comentaristas, los debates y propuestas suscitados, las citas, etc.
• Que se dé carta de naturaleza a las publicaciones digitales de calidad contrastada e interés educativo indiscutible, incluso aunque carezcan de identificación como las que proporcionan el ISBN o el ISSN.
• Que, de acuerdo con las formulaciones y previsiones del actual marco curricular, y en particular de aquellos epígrafes relacionados con el tratamiento de la información y la competencia digital, los procesos selectivos, de acreditación y promoción docente incluyan las pruebas necesarias para demostrar que los docentes están en posesión de un nivel de competencia suficiente en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
• Que se incorpore algún sistema que permita a los interesados acreditar saberes o técnicas adquiridos motu propio, de valor para la práctica educativa (idiomas, gestión de personal y recursos humanos y materiales, competencias profesionales diversas, etc.), indemostrables con arreglo a los sistemas clásicos (antigüedad, cursos, estudios adicionales). En tal sentido, sería necesario que los procesos de selección, acreditación o promoción docente contemplen la posibilidad de realizar exámenes prácticos a solicitud del interesado, destinados a demostrar habilidades y competencias no acreditables mediante otras fórmulas.

A la luz de mi reciente experiencia como miembro de una comisión baremadora de opositores a Secundaria, yo añadiría a todo lo anterior (pero ya sé que es virtualmente imposible que nadie con dos dedos de frente se meta en semejante jardín) una sugerencia: que se penalicen las prácticas fraudulentas, como la obtención de ISBN para materiales notoriamente inútiles, la utilización ilegítima de recursos de terceros, la duplicidad en la presentación de méritos con objeto de que el mismo ítem se valore varias veces y otras actuaciones de semejante jaez.

Esta propuesta no pretende ser el embrión de un manifiesto o acción activista (o tal vez sí, vaya usted a saber), pero sí desea propiciar el debate y las aportaciones de la comunidad educativa, y en especial las de la comunidad bloguera. Tal como he manifestado públicamente en sendos comentarios publicados en los blogs de Lourdes Domenech y Antonio Solano, yo me brindo voluntario para contribuir en la medida de mis fuerzas y posibilidades a redactar una propuesta, discutirla y hacerla llegar a la administración educativa que tengo más a mano. Animo a todos mis lectores a participar de este objetivo.

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No traigo este suceso al blog para presumir de currículo (bueno, un poco sí), sino para propiciar una reflexión pública sobre el alcance de Internet en nuestras cotidianas existencias. Mi caso, aunque muy diferente y desde luego mucho menos problemático, enlaza con la reciente declaración de la Agencia de Protección de Datos, la cual acaba de dar la razón a un profesor que se quejó de que Google había rastreado una sanción impuesta contra él en 2006 por una falta leve (un tanto chusca, por otra parte). La APD ha exigido al buscador que desactive el rastreo de ese incidente, señalando que la publicidad universal de la sanción atenta contra la dignidad del docente.

Por supuesto, en la acción de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes nadie podría encontrar el más mínimo atentado contra mi dignidad, pero… ¿y si yo no hubiera querido que la reseña se publicara fuera del ámbito para el que fue creada?, ¿y si fuera una obra tan infame que denigrara mi crédito y buen nombre?, ¿y si…? Imaginemos, por un momento, que todo aquello que escribimos con destino a hacerse público en ámbitos limitados -las actas del Claustro y del Consejo Escolar de nuestro centro, del club deportivo o de la junta de vecinos, las cartas al Director que enviamos a periódicos y revistas, los sitios web experimentales o incluso nonatos que colgamos en servidores de prueba, las quejas al ayuntamiento o al sursuncorda- sale de su rincón por obra de una anónima mano digitalizadora (hay quien tiene obsesión por guardarlo todo, por almacenarlo todo, acaso con la intención de que un hipotético investigador futuro extraiga de esa masa informe un descubrimiento social asombroso, como un Hari Seldon en busca de su particular Psicohistoria) y comienza a ser indexado por los infatigables robots y arañas que rastrean la Red. ¿No amenaza eso no sólo nuestra intimidad, sino hasta nuestra higiene mental?

Ya veo en el horizonte cercano un porvenir nada hipotético, en el que las cartas de amor que escribimos a nuestras novias (o, todavía peor, a nuestras amantes), las confesiones inconfesables que garrapateamos en un papel angustiado, a altas horas de la noche, los improperios o los actos íntimos que intercepta una cámara de vigilancia o una webcam ocasional por delante de cuyos ojos de pez insomnes tenemos la desgracia de pasar, se transforman en ubicuos PDFs, que rebotan de servidor en servidor para exhibir al aire nuestras vergüenzas. El Gran Hermano es una nimiedad comparado con ese Gran Cotilla y sus minuciosas e infinitas averiguaciones.

Y que conste que incluso antes de que Internet fuera universal, pasaban cosas raras con los papeles. El 17 de marzo de 2001 me enteré de que un artículo mío sobre los Cuentos del reino secreto, de José María Merino, redactado doce años antes y del que me había olvidado completamente (hasta el punto de que ni siquiera recordaba haberlo escrito), se había publicado en uno de esos gruesos volúmenes de homenaje cuyo contenido misceláneo se parece a los catálogos clasificatorios inventados por Jorge Luis Borges. Los detalles de esta historia los publiqué en Lengua en Secundaria, a cuyas páginas me remito. Aseguro a quien me quiera creer que aquel día en que descubrí que mis textos tenían vida propia me costó mucho conciliar el sueño.

Adenda de las 16,15 horas

A través de Planeta Educativo, acabo de encontrar un artículo de Benedicto González Vargas que, con un tono algo más serio y concienzudo que el del mío, apunta a objetivos muy semejantes. Se titula Tiene derecho a guardar silencio o todo lo que suba a internet puede ser usado en su contra, y trae a la palestra algunos sucesos sobre los que merece la pena pararse a meditar.

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Sobre uno de los muchos aspectos conexos a este asunto -la inexistente valoración de las publicaciones digitales, o al menos de «ciertas» publicaciones digitales, a efectos del concurso de méritos- han vuelto recientemente Miguel Santa Olalla y Francisco Muñoz de la Peña Castrillo, en sendas entradas de sus blogs. Ciertamente, Miguel y Paco son parte interesada (como lo soy yo mismo) en la defensa de los puntos de vista que en dichas entradas formulan, pero es que tienen toda la razón del mundo.

Pues, a estas alturas del partido, y con los currículos de Secundaria y de Bachillerato henchidos de competencias digitales, que rebosan por entre sus apretados renglones, resulta del todo indefendible la formulación del concurso de méritos en lo que toca a la demostración de una publicación digital. Cito, para quien no conozca sus condiciones, la edición del año pasado del Boletín Oficial de Navarra (en mi comunidad todavía no se ha publicado el concurso de este año) que supongo coincide en sus aspectos esenciales con los textos normativos de otras comunidades autónomas:

2.1. Publicaciones: Hasta 5 puntos.

2.1.1. Por publicaciones de carácter didáctico sobre disciplinas objeto del concurso o directamente relacionadas con aspectos generales o transversales del currículo o con la organización escolar.

Valoración: hasta 2,50 puntos.

Documentos justificativos: Los ejemplares correspondientes, así como certificado de la editorial donde conste el número de ejemplares y que la difusión de los mismos ha sido en librerías comerciales.

Aquellas publicaciones que estando obligadas a consignar el I.S.B.N. en virtud de lo dispuesto por el Decreto 2984/1972, de 2 de noviembre, carezcan del mismo, no serán valoradas, así como aquellas en las que el autor sea editor de las mismas.
En el caso de publicaciones que solamente se den en formato electrónico, se presentará un informe oficial en el cual el organismo emisor certificará que la publicación aparece en la base de datos bibliográfica. En este documento se indicará la base de datos, el título de la publicación, los autores, la revista, el volumen, el año y la página inicial y final.

[Y sigue otro epígrafe para publicaciones de carácter científico, que copia la valoración y condiciones del interior; no lo transcribo aquí para no aburrir al respetable]

Dicho en cristiano: que para demostrar que uno es autor de un texto impreso, poco menos que tiene que llevar ante la comisión baremadora al impresor de turno, con las manos negras de tinta fresca (he estado a punto de escribir «rojas de sangre»). Y, si se trata de una publicación digital, más de lo mismo, con el agravante de que entonces hace falta un ISBN, un ISSN o un NIPO, códigos que, si no estoy mal informado, no se conceden a publicaciones digitales de tanto arraigo y utilidad educativa como los blogs (de aquí la famosa iniciativa del IBSN, a la que me adherí en fecha blogosféricamente tan lejana como el 26 de febrero de 2006).

Señala Lourdes Domenech, en un comentario a la entrada de Paco Muñoz, que «hace falta una rebelión. ¿A qué esperamos para denunciar en masa la penosa situación en la que nos vemos sumidos?». Yo suscribo la intención de Lu, pero como soy refractario a las revoluciones y prefiero la eficacia de la acción realista y factible, propongo que esa rebelión tome forma de propuesta digital (podríamos montar un meme e ir perfilando un documento modelo) para convencer a las administraciones educativas de la necesidad y justicia del reconocimiento de las publicaciones electrónicas de sus profesores (me resigno, de momento, a que los libros, revistas y artículos en papel se queden como están, a pesar de que con las condiciones draconianas que se pusieron en vigor el pasado concurso perdí unas cuantas décimas, y tal vez algún puesto en el escalafón).

Con ese objetivo en mente, me atrevo a formular la siguiente propuesta:

1. Las publicaciones digitales total o parcialmente relacionadas con la especialidad del docente, con aspectos educativos y de integración curricular de las Tecnologías de la Información y la Comunicación podrán merecer un máximo de X puntos.
2. Se valorarán exclusivamente aquellas publicaciones que hayan estado en activo durante más de un curso escolar.
3. A efectos de la valoración de dichas publicaciones por parte de las comisiones baremadoras se tendrán en cuenta aspectos como la calidad, utilidad, originalidad y extensión del contenido, la frecuencia y regularidad de su actualización, su repercusión en otras publicaciones digitales o convencionales, y cuantas referencias puedan aducir los interesados.
4. Se admitirá como prueba de la existencia de una publicación digital cualquier URL permanente, asociada o no a un dominio o subdominio propiedad del interesado, que exista en la Web durante el curso escolar en que se lleva a cabo el concurso de méritos (se me ocurre que tal vez fuera conveniente reforzar este punto con alguna certificación por parte de los servicios de alojamiento y de registro de dominios, o algo parecido).
5. A efectos de valoración de estos méritos por parte de las comisiones baremadoras, las administraciones educativas podrán requerir la intervención de expertos en publicación electrónica o integración curricular de las TIC (y para que nadie pueda pensar que barro para casa, afirmo mi propósito de recusarme a mí mismo llegado el caso, para no ser juez y parte del proceso).

Una observación final: soy perfectamente consciente de la necesidad de que el concurso de traslados incluya normas consensuadas por la comunidad educativa y de que en su articulado se establezcan condiciones sensatas y eficaces, porque sin tales requisitos el procedimiento sería una filfa. Yo no pretendo que un blog educativo o un portal de recursos didácticos equivalga a una segunda licenciatura, o a los méritos adquiridos en la dirección de un centro educativo o en la elaboración de un buen libro de texto, ni por supuesto al trabajo de muchos años al pie de la tiza, en dura pelea contra los sinsabores cotidianos del trabajo docente. Pero que no valgan nada de nada de nada, como ocurre ahora… pues tampoco, oiga.

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A pesar de que, como casi siempre, Pilar tiene más razón que una santa, en esto del concurso yo he seguido siendo fiel a mis manías: discreción y austeridad en el continente (la carpeta azul de marras), y orden y claridad en la relación de documentos, por mucho que tales valores se demostraran, año tras año, palmariamente faltos de eficacia. En la edición 2006-2007 del concurso de traslados, sin embargo, me he permitido un toque de modernidad y, animado por el ejemplo de un compañero de Primaria que me enseñó hace unas semanas una carpeta fashion total, actualicé el cartapacio, agrupé los papeles con un par de encuadernaciones muy elegantes, e identifiqué todos los documentos con etiquetas autoadhesivas.

Si no me fallan las cuentas (y soy muy ordenado con los papeles relacionados con la función pública), esta es mi decimocuarta o decimoquinta participación en este tipo de eventos. Soy, pues, un experto en lo de ordenar certificados y hacer cábalas, que normalmente se demuestran tan acertadas como el cuento de la lechera. Por otro lado, siempre que me embarco en una nueva edición del concurso de traslados de Secundaria tengo presente aquello que decía mi abuelo Martín García, «contra el vicio de pedir, la virtud existe de no dar», un sabio refrán que, elevando un poco más el tono y los referentes (al fin y al cabo soy profesor de lengua y literatura), se podría complementar con el famoso rótulo del infierno dantesco, «lasciate ogni speranza, voi ch’entrate», porque cada año que pasa somos más en el bombo y menos plazas para repartir.

En fin, nada que cualquier otro compañero docente no haya sentido o padecido muchas veces, de variadas formas y en distintas fases de humor y resignación. Esto que cuento aquí es costumbrismo funcionarial puro y duro, que cada quisque afronta como puede, con mejor o peor ánimo, y no tengo la menor intención de sacar los pies del tiesto ni exagerar la nota. Lo que me interesa aquí es poner de relieve un par de novedades de la edición del concurso de traslados de este año, que seguramente a muchos compañeros han pasado desapercibidas.

La primera es que la base undécima contempla la posibilidad de invocar el «Derecho preferente para elección de destino de las funcionarias víctimas de violencia de género, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de Género». La segunda aparece en el Anexo VI, epígafe 2.1, relativo a méritos derivados de las publicaciones, y constituye una nueva y mucho más estricta regulación de este capítulo.

Poco tengo que decir sobre el asunto del derecho preferente de elección de destino para las funcionarias víctimas de la violencia de género, salvo que acaso no sería mala idea regularlo también para los casos de aquellos docentes que, con independencia de su sexo, han sido objeto de violencias y agresiones en el desempeño de su labor educativa. Aplicado una vez el principio de discriminación positiva, no se ve claro dónde puedan detenerse las reivindicaciones y las salvedades a la norma general.

Respecto a la segunda novedad, parece necesario decir algo más. En primer lugar que, a juzgar por lo que yo he tratado con varios compañeros, era prácticamente desconocida para la gran mayoría. Me he puesto en contacto con inspectores, gente con experiencia en la actividad sindical y letrados del Departamento de Educación, y nadie ha sabido explicarme el porqué del cambio, que parece haber llegado a los textos administrativos casi de tapadillo. A la luz de tales circunstancias, uno se pregunta si el endurecimiento de los criterios para admitir méritos derivados de las publicaciones obedece a un sano y plausible deseo de controlar posibles abusos (yo fui una vez presidente de un tribunal de oposiciones y puedo afirmar que todo lo que presentaron quienes llegaron a la segunda fase del concurso-oposición era perfectamente legítimo) o son, simplemente, ganas de chinchar.

Y ya que estamos, ¿qué hay de las publicaciones electrónicas, de Internet, de los documentos en formato web, de la Web 2.0 y demás hierbas? Véase lo que dice la antedicha regulación (cito por la convocatoria de la Comunidad Foral de Navarra, B.O.N. nº 136, de 13-XI-2006): «En el caso de publicaciones que solamente se den en formato electrónico, se presentará un informe oficial en el cual el organismo emisor certificará que la publicación aparece en la base de datos bibliográfica. En este documento se indicará la base de datos, el título de la publicación, los autores, la revista, el volumen, el año y la página inicial y final». Dicho en otros términos: quien tenga publicaciones electrónicas, que se vaya preparando para emprender un camino empedrado de obstáculos.

Y las publicaciones convencionales no han salido mejor paradas. Hasta ahora, para justificar como mérito una publicación había que presentar el ejemplar correspondiente, que debía tener ISBN (o ISSN) para ser valorado. Pues bien, véase el nuevo enunciado del baremo de méritos: «Documentos justificativos: Los ejemplares correspondientes, así como certificado de la editorial donde conste el número de ejemplares y que la difusión de los mismos ha sido en librerías comerciales». Y sigue: «Aquellas publicaciones que estando obligadas a consignar el I.S.B.N. en virtud de lo dispuesto por el Decreto 2984/1972, de 2 de noviembre, carezcan del mismo, no serán valoradas, así como aquellas en las que el autor sea editor de las mismas».

No es porque a mí me afecte negativamente (que me afecta, aunque no creo que por ello me juegue mis inexistentes posibilidades de lograr la plaza a que aspiro), pero todo esto me parece un abuso y un absurdo totales. Que me expliquen los autores de estas disparatadas normas cómo puede conseguir el más activo y diligente de los funcionarios los anhelados certificados de distribución comercial (supongo que los responsables del invento saben que hay publicaciones académicas que simplemente no se distribuyen por tales vías) en los quince o diecisiete días de plazo que dispone la convocatoria del concurso para presentar los documentos; imagínense qué harán con mi solicitud de certificación, si me decido a enviarla, en una universidad norteamericana que me editó un artículo hace ya una buena porrada de años.

Y que me explique alguien, si lo sabe y tiene ganas de charla, el porqué de estas disposiciones abusivas, que nos llenan de entusiasmo y regocijo a los que tenemos una modesta obra en letras de molde y aspiramos a hacerla un poquito más nutrida y valiosa en cada curso escolar. Nos ayudarían mucho a dormir bien por las noches, y a reconciliarnos con nuestra propia conciencia, aclarándonos el caso.

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