Por un reconocimiento oficial de las publicaciones digitales

Alguna vez he tratado en este blog de las tribulaciones que a los funcionarios del sistema educativo español nos hace padecer el sistema de provisión de plazas conocido como “concurso de traslados”, institución añeja que concita pasiones desaforadas y odios africanos, y cuyas características, entre el rito de paso, la pesadilla burocrática kakfiana y la tradicional chapuza ibérica, la convierten en una entidad proteica, de límites y perfiles inalcanzables, que sólo alcanza a comprender quien año tras año ha de enfrentarse a ella.

Sobre uno de los muchos aspectos conexos a este asunto -la inexistente valoración de las publicaciones digitales, o al menos de “ciertas” publicaciones digitales, a efectos del concurso de méritos- han vuelto recientemente Miguel Santa Olalla y Francisco Muñoz de la Peña Castrillo, en sendas entradas de sus blogs. Ciertamente, Miguel y Paco son parte interesada (como lo soy yo mismo) en la defensa de los puntos de vista que en dichas entradas formulan, pero es que tienen toda la razón del mundo.

Pues, a estas alturas del partido, y con los currículos de Secundaria y de Bachillerato henchidos de competencias digitales, que rebosan por entre sus apretados renglones, resulta del todo indefendible la formulación del concurso de méritos en lo que toca a la demostración de una publicación digital. Cito, para quien no conozca sus condiciones, la edición del año pasado del Boletín Oficial de Navarra (en mi comunidad todavía no se ha publicado el concurso de este año) que supongo coincide en sus aspectos esenciales con los textos normativos de otras comunidades autónomas:

2.1. Publicaciones: Hasta 5 puntos.

2.1.1. Por publicaciones de carácter didáctico sobre disciplinas objeto del concurso o directamente relacionadas con aspectos generales o transversales del currículo o con la organización escolar.

Valoración: hasta 2,50 puntos.

Documentos justificativos: Los ejemplares correspondientes, así como certificado de la editorial donde conste el número de ejemplares y que la difusión de los mismos ha sido en librerías comerciales.

Aquellas publicaciones que estando obligadas a consignar el I.S.B.N. en virtud de lo dispuesto por el Decreto 2984/1972, de 2 de noviembre, carezcan del mismo, no serán valoradas, así como aquellas en las que el autor sea editor de las mismas.
En el caso de publicaciones que solamente se den en formato electrónico, se presentará un informe oficial en el cual el organismo emisor certificará que la publicación aparece en la base de datos bibliográfica. En este documento se indicará la base de datos, el título de la publicación, los autores, la revista, el volumen, el año y la página inicial y final.

[Y sigue otro epígrafe para publicaciones de carácter científico, que copia la valoración y condiciones del interior; no lo transcribo aquí para no aburrir al respetable]

Dicho en cristiano: que para demostrar que uno es autor de un texto impreso, poco menos que tiene que llevar ante la comisión baremadora al impresor de turno, con las manos negras de tinta fresca (he estado a punto de escribir “rojas de sangre”). Y, si se trata de una publicación digital, más de lo mismo, con el agravante de que entonces hace falta un ISBN, un ISSN o un NIPO, códigos que, si no estoy mal informado, no se conceden a publicaciones digitales de tanto arraigo y utilidad educativa como los blogs (de aquí la famosa iniciativa del IBSN, a la que me adherí en fecha blogosféricamente tan lejana como el 26 de febrero de 2006).

Señala Lourdes Domenech, en un comentario a la entrada de Paco Muñoz, que “hace falta una rebelión. ¿A qué esperamos para denunciar en masa la penosa situación en la que nos vemos sumidos?”. Yo suscribo la intención de Lu, pero como soy refractario a las revoluciones y prefiero la eficacia de la acción realista y factible, propongo que esa rebelión tome forma de propuesta digital (podríamos montar un meme e ir perfilando un documento modelo) para convencer a las administraciones educativas de la necesidad y justicia del reconocimiento de las publicaciones electrónicas de sus profesores (me resigno, de momento, a que los libros, revistas y artículos en papel se queden como están, a pesar de que con las condiciones draconianas que se pusieron en vigor el pasado concurso perdí unas cuantas décimas, y tal vez algún puesto en el escalafón).

Con ese objetivo en mente, me atrevo a formular la siguiente propuesta:

1. Las publicaciones digitales total o parcialmente relacionadas con la especialidad del docente, con aspectos educativos y de integración curricular de las Tecnologías de la Información y la Comunicación podrán merecer un máximo de X puntos.
2. Se valorarán exclusivamente aquellas publicaciones que hayan estado en activo durante más de un curso escolar.
3. A efectos de la valoración de dichas publicaciones por parte de las comisiones baremadoras se tendrán en cuenta aspectos como la calidad, utilidad, originalidad y extensión del contenido, la frecuencia y regularidad de su actualización, su repercusión en otras publicaciones digitales o convencionales, y cuantas referencias puedan aducir los interesados.
4. Se admitirá como prueba de la existencia de una publicación digital cualquier URL permanente, asociada o no a un dominio o subdominio propiedad del interesado, que exista en la Web durante el curso escolar en que se lleva a cabo el concurso de méritos (se me ocurre que tal vez fuera conveniente reforzar este punto con alguna certificación por parte de los servicios de alojamiento y de registro de dominios, o algo parecido).
5. A efectos de valoración de estos méritos por parte de las comisiones baremadoras, las administraciones educativas podrán requerir la intervención de expertos en publicación electrónica o integración curricular de las TIC (y para que nadie pueda pensar que barro para casa, afirmo mi propósito de recusarme a mí mismo llegado el caso, para no ser juez y parte del proceso).

Una observación final: soy perfectamente consciente de la necesidad de que el concurso de traslados incluya normas consensuadas por la comunidad educativa y de que en su articulado se establezcan condiciones sensatas y eficaces, porque sin tales requisitos el procedimiento sería una filfa. Yo no pretendo que un blog educativo o un portal de recursos didácticos equivalga a una segunda licenciatura, o a los méritos adquiridos en la dirección de un centro educativo o en la elaboración de un buen libro de texto, ni por supuesto al trabajo de muchos años al pie de la tiza, en dura pelea contra los sinsabores cotidianos del trabajo docente. Pero que no valgan nada de nada de nada, como ocurre ahora… pues tampoco, oiga.